Paola Conde GaleanoMauricio Jaimes puso el foco en la seguridad vial de Córdoba y planteó la necesidad de modificar el funcionamiento de la Policía Caminera. Según señaló durante la entrevista, durante 2025 se registraron 355 víctimas fatales en accidentes de tránsito en la provincia, una cifra que, de acuerdo con su planteo, ubicó a Córdoba en el segundo lugar nacional detrás de Buenos Aires.
Frente a ese escenario, el legislador sostuvo que el debate no debería concentrarse únicamente en la cantidad de multas aplicadas, sino en las políticas destinadas a evitar que los siniestros ocurran.
Para Jaimes, los recursos que dispone la Policía Caminera —móviles, tecnología y personal— deberían utilizarse principalmente para prevención y educación vial. Su cuestionamiento central apunta a lo que considera un cambio de objetivo de la fuerza: en lugar de advertir al conductor antes de que cometa una infracción, los controles, según afirmó, se ubican en sectores donde resulta más sencillo detectar determinados excesos de velocidad.
Uno de los aspectos más cuestionados por el legislador fue la ubicación de los puestos de control. Jaimes sostuvo que los controles deberían instalarse antes de los puntos de mayor peligro, como curvas, puentes y accesos a localidades, con el objetivo de advertir a los conductores y lograr que reduzcan la velocidad.
En cambio, cuestionó la presencia de controles en rectas prolongadas, después de curvas o luego de subidas, lugares donde —según su interpretación— el conductor puede relajarse y cometer un exceso leve de velocidad sin que necesariamente exista una situación de riesgo. También criticó que determinados puestos permanezcan durante largos períodos en los mismos lugares. Según planteó, esa modalidad afecta especialmente a quienes no conocen las rutas, entre ellos turistas y transportistas que atraviesan Córdoba por primera vez.
El legislador reclamó que la Caminera vuelva a realizar patrullajes permanentes, recorriendo las rutas y haciendo visible la presencia policial. En ese sentido, cuestionó que los efectivos permanezcan ocultos detrás de árboles o arbustos para detectar infracciones. Para Jaimes, la prevención debería generar en el conductor la sensación de que puede encontrarse con un control en cualquier punto de la ruta y, por lo tanto, debe circular permanentemente con prudencia.
El planteo de Jaimes no quedó limitado a la seguridad vial. El legislador vinculó directamente el funcionamiento de la Policía Caminera con la situación que atraviesa el turismo cordobés. Según explicó, el perfil del turista cambió y actualmente existe un turismo más dinámico y viajero. Son visitantes que permanecen pocas noches en una localidad y utilizan las rutas para conocer otros destinos, almorzar, realizar actividades y consumir en distintos lugares.
En ese contexto, sostuvo que el temor a recibir una multa puede modificar el comportamiento de los visitantes. Jaimes afirmó que turistas, motoqueros y personas que viajan en casillas rodantes pueden optar por no ingresar a Córdoba o limitar sus desplazamientos dentro de la provincia para evitar los controles.
El legislador ubicó a la Policía Caminera entre los tres factores que, a su criterio, están perjudicando al turismo cordobés. Los otros dos serían la presión impositiva y el alto costo de la energía eléctrica, especialmente relevante para establecimientos que necesitan utilizar aire acondicionado durante la temporada. Desde su perspectiva, cambiar el funcionamiento de la Caminera también podría convertirse en una política turística.
La propuesta es que la fuerza vuelva a tener una presencia activa y preventiva en las rutas, con controles que adviertan sobre los peligros y un patrullaje que permita intervenir frente a infracciones y situaciones de riesgo. Para Jaimes, una Policía Caminera que genere seguridad en lugar de temor podría contribuir a que los visitantes vuelvan a elegir Córdoba para recorrerla, incluyendo destinos turísticos del Valle de Calamuchita.
