Germán Quiroga
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció este martes una inversión sin precedentes de $273.000 millones para reparar infraestructura y asistir a familias de Bahía Blanca, golpeada por inundaciones vinculadas al cambio climático. Axel Kicillof, acompañado por el intendente Federico Susbielles, destacó la presencia de más de 2.000 trabajadores provinciales en la zona, entre personal de salud, bomberos y Defensa Civil. “Sin Estado no hay respuesta posible”, enfatizó el mandatario.
Kicillof vinculó la tragedia a la crisis climática global, advirtiendo que fenómenos extremos serán cada vez más frecuentes. “No podemos negar esta realidad: debemos invertir en prevención”, sostuvo. El intendente Susbielles agradeció el apoyo provincial, que incluyó envíos diarios de insumos y equipos técnicos desde el inicio de la emergencia.
El plan de ayuda incluye subsidios no reembolsables de $800.000 para 33 mil hogares de bajos recursos, créditos blandos con tasas subsidiadas para familias y empresas, y exenciones impositivas por un año en impuestos inmobiliarios y automotores. Además, la provincia cubrirá el costo del transporte público local durante 30 días y facilitará la compra de electrodomésticos en 36 cuotas sin interés.
Entre las prioridades destaca la reparación total del Hospital Penna, con una inversión de 22.000millones,y la entrega inmediata de 7 mil kits escolares. A esto se suman obras urgentes en el canal Maldonado, clave para el drenaje, con 22.000 millones y la creación de un fondo de $75.000 millones para reconstruir calles y redes de servicios.
Kicillof reiteró su pedido de una reunión con el presidente Javier Milei para articular ayuda federal. “Necesitamos que la Nación se sume a este esfuerzo”, afirmó, mientras confirmó que $10.000 millones solicitados al Estado nacional ya fueron recibidos y serán transferidos al municipio este miércoles.
Aunque lejos geográficamente, la situación de Bahía Blanca debe ser observada en Calamuchita, ya que tanto sequías e inundaciones también exigen respuestas estatales. El caso subraya la urgencia de políticas climáticas coordinadas y fondos para infraestructura resiliente, un desafío que trasciende fronteras provinciales.
