Germán Quiroga
Hoy se conmemora un nuevo Ni Una Menos en Argentina, pero en Córdoba la fecha vuelve a exhibir una realidad insoportable: sobran discursos vacíos y falta coraje político. Mientras la violencia machista sigue destruyendo vidas, una parte de la dirigencia local mira para otro lado, administra el silencio y aparece tarde, cuando el daño ya está hecho.
Lo más grave no es solo la ausencia de respuestas; es la naturalización de esa ausencia. Intendentes, intendentas, gobiernos locales y funcionarios de distinto nivel suelen reaccionar con comunicados tibios, con gestos calculados o con un dolor de ocasión que dura lo que dura la noticia. Pero el problema no se resuelve con fotos, ni con frases hechas, ni con actos simbólicos. Se resuelve con decisión, presupuesto, presencia territorial y exigencia política real.
Este año, varias organizaciones vienen planteando además una invitación concreta a sumar a los hombres a la marcha, con una posición clara frente a la violencia de género. La consigna no busca desplazar el protagonismo de quienes sufren las violencias, sino ampliar la responsabilidad social y política de la lucha. Hablar de femicidios y de violencia estructural exige que el compromiso no quede encerrado en un solo género, porque la transformación también requiere que los varones se interroguen, se involucren y dejen de ocupar el lugar cómodo de los observadores.
En Córdoba, el reciente caso de Agostina Vega debería haber provocado una reacción inmediata, contundente y unificada. Sin embargo, lo que aparece otra vez es la misma escena miserable: repudio genérico, conmoción breve y una institucionalidad que no se sacude lo suficiente como para responder con la urgencia que la situación exige. Y cuando la respuesta no llega, el mensaje es claro: la vida de las mujeres sigue sin ocupar el lugar de prioridad que la gravedad del problema impone.
El Ni Una Menos nació para romper la indiferencia. Nació para señalar que el Estado, en todos sus niveles, tenía y tiene responsabilidades concretas frente a la violencia de género. Por eso, cuando los gobiernos locales no exigen, no articulan, no previenen y no sostienen políticas serias, no están fallando por accidente: están dejando solas a las víctimas, a sus familias y a toda la sociedad.
Lo que ocurre hoy en Córdoba no admite eufemismos. Hay una dirigencia que habla de igualdad, pero no incomoda a nadie. Que recuerda las consignas, pero no toma medidas a la altura. Que expresa preocupación, pero no transforma esa preocupación en acción. Y esa hipocresía institucional también mata, porque le deja terreno libre a una violencia que ya mostró demasiadas veces de qué es capaz.
Este 3 de junio no sirve para repetir frases bonitas. Sirve para decir que la paciencia se agotó. Que no alcanza con conmemorar a las víctimas si no se interpela a quienes tienen poder para actuar. Que no alcanza con lamentarse por Agostina Vega si no se exige, con fuerza y sin rodeos, que nada de esto vuelva a pasar.
Ni Una Menos no puede ser una fecha decorativa. Tiene que ser una denuncia permanente contra la inacción, contra la tibieza y contra la cobardía política. Porque cuando la dirigencia no responde, el mensaje que deja es brutal: la violencia sigue teniendo más permiso del que debería.
