1 - Hay que debatir el cómo vamos a volver, protocolos mediante, para que sea un turismo seguro. Si bien el cuándo es difícil de predecir, al menos inmediatamente, hay que pensar en el cómo, para poder recuperarnos paso a paso.
2 - Hay que generar consensos, en los cuales las autoridades locales jugamos un rol fundamental, para determinar una apertura gradual iniciando con los rubros más seguros. Los COE provinciales o regionales, deben integrar obligatoriamente a los Municipios en esta tarea.
3- Hay que cuidar la privacidad de las personas, algo tan invadido en éste tiempo. Cualquier aplicación (apps) debe ser exclusivamente para lo sanitario, y no de vigilancia permanente de visitante.
4- Hay que recomponer la relación y confianza, entre el lugareño y el turista. Esta tarea no será sencilla, pero es parte de la nueva convivencia social.
5- Y finalmente, será la incorporación personal de los nuevos hábitos, lo que mayor garantía nos dará.
Pero si algo le faltaba a la crisis turística, era que surja el negociado, con propuestas de aplicaciones para celulares y pulseras de seguimiento, que van a agravar la situación actual mucho más.
En primer lugar, el daño económico a la actividad turística se incrementará muchísimo si el visitante tiene que abonar un costo extra de dos a tres mil pesos por persona, a cambio de un “seguro de salud” o sistema de seguimiento y alerta. Recursos que no van a ir para el turismo y sus actividades conexas como compras, cenas, paseos, combustible.
En segundo lugar, no existe una relación causa y efecto, entre el programa y la seguridad sanitaria. No existe una aplicación que te venda seguridad en materia de posibles contagios, y lo único que ha funcionado es la responsabilidad social y los cada vez más endebles protocolos de ingresos.
En tercer lugar, es claramente violatorio de principios, derechos y garantías elementales de la Constitución Nacional; en especial, de la libertad de circulación de una provincia a otra y hasta dentro de una misma localidad. Pero donde se ve con más fuerza el ataque es al derecho a la intimidad y a la autonomía individual del art. 19 CN. La posibilidad de que el Estado o una empresa particular actuando en su nombre o contratación con evidentes fines de lucro, pueda tener la localización de una familia entera en tiempo real con sus datos, es una inaceptable injerencia en la vida de las personas que las autoridades no podemos consentir. La pandemia no es excusa para medidas como las que se proponen, porque el medio no es proporcional con los fines que se persiguen pues no se ve de qué modo puede prevenirse la difusión del virus con esas restricciones irracionales.
En cuarto lugar, atenta contra nuestra seguridad. Sería un error terrible de los municipios, confiar en empresas privadas, información del visitante que apuesta a nuestra zona como lugar seguro y de recreación. Pero además, qué sucede si el visitante, geolocalizado, con pulseras QR, que brindó toda su información, deja su cabaña o habitación, para salir a cenar. Al regreso, sus pertenencias han sido arrebatadas en un supuesto robo. ¿Qué garantía tendrá el municipio, de que no serán sospechados por el manejo de información, sobre los minutos en que dejó su lugar de descanso solo, para ir a cenar, posibilitando la tarea de los delincuentes?
Y por último, el negocio de este tipo de “ideas” es altamente ventajoso, permitiéndole a la empresa ingresos millonarios, a costa de los prestadores de servicios turísticos y el visitante. Si hay algo que debemos evitar, señores políticos, es el negociado en medio de esta pandemia, porque se destruye más rápido la confianza y el deseo de recuperarnos. Hay que empezar a trabajar en cinco o más puntos centrales, para que apelando a la incorporación de nuevos hábitos podamos vivir la nueva normalidad.
La salud también dependerá de cómo nos adaptamos, porque difícilmente encerrados podamos soportar más tiempo y sin daños.
Mauricio Jaimes
Abog. Intendente de La Municipalidad de La Cruz.
