La resolución 133/2020 de la Secretaría de Comercio Interior, publicada hoy en el Boletín Oficial, intimó además a las empresas que forman parte integrante de la cadena de producción, distribución y comercialización “a incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión” durante el período de vigencia de la medida.

La medida, que lleva la firma de la secretaria Paula Español, extendió los alcances de la resolución 100/2020, emitida el 19 de marzo por la misma dependencia.

La prórroga dispuesta alcanza a todos los almacenes, mercados, autoservicios, supermercados e hipermercados, a excepción de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) y a los establecimientos comerciales mayoristas de venta de productos de consumo masivo que cuenten con salón de ventas.

Los comercios incluidos deben mantener los precios máximos de venta al consumidor final efectivamente informados al Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA).

Lo mismo rige para todos los distribuidores, productores y comercializadores de cosas muebles, obras y servicios, y prestaciones que se destinen a la producción, construcción, procesamiento, comercialización, sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte y logística, y esparcimiento.

En este caso deben mantener los precios vigentes al 6 de marzo último para venta a consumidores, hipermercados, supermercados, almacenes, mercados, autoservicios, mini mercados minoristas y supermercados mayoristas.

A través del sitio web www.argentina.gob.ar/preciosmaximos los consumidores y consumidoras pueden acceder al listado de valores tope ahora prorrogados.

Entre los fundamentos de la medida se menciona al artículo 42° de la Constitución nacional, en lo que se refiere “a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y al control de los monopolios naturales y legales”.

Se invoca asimismo a la ley de Abastecimiento (Nº 20.680), que faculta a establecer “márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios” y a “disponer la continuidad en la producción, industrialización, comercialización, transporte y distribución, así como también, la fabricación de determinados productos” en niveles o cuotas mínimas.

La medida de Comercio Interior justificó la extensión del programa de precios máximos, al señalar que “se han verificado aumentos generalizados en el precio de venta de productos tanto de alimentos para la población, así como también, de productos de higiene y cuidado personal”.

“Dichos aumentos, por parte de empresas de diversa capacidad económica, resultan irrazonables y no se corresponden con las variaciones recientes de las estructuras de costos de producción”, consideró la resolución.

La prórroga de los precios máximos se encuadra en el proceso descendente de los niveles inflacionarios, como demostró la reciente difusión del índice de precios de abril, que se ubicó en 1,5%, el más bajo desde noviembre de 2017, luego de la suba de 3,3% en marzo.

De esta forma, la inflación minorista acumuló un alza del 9,4% en el primer cuatrimestre y del 45,6% en los últimos 12 meses.

Los relevamientos privados sobre la evolución de los precios minoristas durante la primera quincena de mayo registraron la continuidad de la tendencia bajista, aunque se observan subas en rubros como electrodomésticos de audio, calefones, frutas y verduras, entre otros.

Español destacó en los últimos días el trabajo realizado junto a gobiernos provinciales y municipales con los que se coordinaron políticas de fiscalización y control para que se cumplan los precios máximos.

Señaló además la importancia de los compromisos de abastecimiento adoptados en diversas localidades en los cuales mercados mayoristas y verdulerías coordinan la provisión de frutas y verduras a los precios sugeridos por el Mercado Central de Buenos Aires.