Germán QuirogaEn el segundo día del juicio con jurados populares que se le sigue a los 3 agentes policiales acusados de amenazas, vejaciones y privación ilegítima de la libertad, la Fiscalía pidió condenas para los imputados Pereyra López y Chavero, de 3 años y 3 meses de prisión y 6 años y 6 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos como Autores de Amenazas y Coautores de Privación Ilegítima de la Libertad agravada por la Utilización de Violencias en contra de un Menor de 18 Años por parte de un Funcionario Policial y Vejaciones Agravadas por las mismas causales en Concurso Ideal con Lesiones Leves Calificadas todo en Concurso Real. En tanto que para la imputada Chanquía, solicitó que fuera condenada a la pena de 4 años de prisión y 8 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos como Autora de Lesiones Leves Calificadas y Coautora de Privación Ilegítima de la Libertad agravada por la Utilización de Violencias en contra de un Menor de 18 Años por parte de un Funcionario Policial y Vejaciones Agravadas por las mismas causales en Concurso Ideal con Lesiones Leves Calificadas todo en Concurso Real.
Por otro lado, la Querella Particular requirió la condena en el caso de Chavero a la pena de 4 años y 6 meses de prisión y 7 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y en los de Chanquía y Pereyra López a la de 4 años de prisión y 7 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, calificando los hechos igual que la Fiscalía.
A su vez, la defensa de Chanquía solicitó la absolución de su defendida por considerar la no comisión de delito y las defensas de Pereyra López y Chavero (quienes reconocieron su responsabilidad en los hechos) adhirieron a la calificación legal dada por la Fiscalía, solicitando la aplicación de 3 años de prisión en la forma de ejecución condicional (la defensa de Pereyra López) y 3 años de prisión (la de Chavero).
Por último, el Tribunal luego de escuchar las pretensiones acusatorias y defensivas, decretó un cuarto intermedio hasta el día 21 del corriente cuando escuchará la penúltima palabra de los damnificados y la última palabra dada por los imputados, quedando habilitado a resolver.
