La responsabilidad estatal en cuestiones ambientales

El abogado Ambiental Darío Ávila mantuvo una entrevista con Calamuchita en Línea en
referencia a la cuestión ambiental y para explicar desde el punto de vista jurídico por qué el
medio ambiente debe considerarse un derecho fundamental de las personas y de incidencia
colectiva, que está regulado por la Constitución y muchos tratados y acuerdos internacionales
que conforman un marco legal en este asunto.

Sostiene que esta temática está sostenida por una profunda demanda social y política. “Detrás
de estos conflictos subyacen intereses de grupos poderosos, empresarios y en algunos casos
también de parte del propio Estado, que juega un rol más que importante en relación a los
debates ” explicó, debido a que muchas veces tienen relación con la utilización de agrotóxicos,
explotación de hidrocarburos y otras situaciones que requieren financiamiento del estado.
Como contrapartida, afortunadamente el tema está teniendo otra perspectiva mediática, con
más apariciones en medios masivos y por lo tanto tiene una mayor repercusión en la opinión
pública en cuanto al impacto que produce este tipo de modelos de producción en el medio
ambiente y los variados problemas de salud que se generan. “Instalar este tipo de
problemáticas en los medios provoca una interiorización de estos conceptos en la opinión
pública y comienza a generar conciencia sobre estos temas, que tienen una incidencia
fundamental en la ciudadanía en general”, aseguró.
Precisamente esta problemática ambiental tiene que ver con derechos de naturaleza
colectiva, que trascienden claramente las cuestiones individuales. Como principal responsable
de aplicar las normas, el Estado es responsable de la ejecución de políticas públicas tendientes
a defender al medio ambiente y por ende a los ciudadanos de la Nación.
También comentó que a partir de la emergencia del derecho ambiental, incorporada en la
reforma constitucional del año 1994 – artículo 41 conocido como cláusula ambiental - se
comenzó a considerar esta especialidad jurídica que pretende salvar el conflicto entre los
derechos individuales y colectivos ante situaciones que ponen en riesgo al conjunto de la
población.

“En este aspecto es válido aclarar que en casos de controversia entre derechos
individuales y colectivos siempre deberá priorizarse la protección de los derechos colectivos,
aunque no siempre ocurre así, porque a veces la Justicia dicta fallos contrarios a este criterio”..

Incendios y responsabilidad estatal
Respecto a la situación puntual que se vive en la región con la problemática de los incendios,
Ávila fue claro al señalar la responsabilidad del Estado que falla en la prevención de estos
hechos. “ El gran fracaso que significa la política de prevención en materia de incendios en
Córdoba tiene responsables con nombre y apellido. En la provincia existía un Plan de Manejo
del Fuego que era solventado mediante el aporte que los ciudadanos de la provincia hacían a
través de la factura de la energía eléctrica”. Mientras esto se hizo efectivo se trabajó mejor en materia de prevención y se logró reducir la cantidad de hectáreas consumidas por el fuego en
las temporadas de incendios, destacó.
“En la actualidad vamos detrás de los hechos, ya no se previene” aseguró, agregando que esto
es claramente una decisión política que prefiere reprimir antes que anticiparse a los incidentes
y tratar de evitarlos.
“Es el Estado el que debe aplicar y hacer cumplir las normas en estas cuestiones ambientales
cualesquiera que sean, para evitar cualquier intento de perjuicio sobre el ambiente, pero
muchas veces es el mismo Estado el que permite irregularidades” sentenció.