Germán Quiroga
En dicha modificación, "se autoriza el uso de esos registros, hasta el momento en poder exclusivo de la Justicia de Córdoba, por parte de los municipios y comunas que así lo requieran, previo establecimiento de los respectivos convenios con la Provincia", según explica el reporte publicado por este tema.
En base a lo que sucedió ayer en la legislatura, son 103 los Municipios y Comunas poseedores de cámaras que estarán autorizados a utilizar este material para el control de contravenciones y delitos, o como apoyo para tareas de ordenamiento, planificación del tráfico automovilístico u otras competencias.
En cuanto a repercusiones, no se hicieron esperar. El diario Hoy Día Córdoba en su sitio web, publica diferentes declaraciones al respecto.
Soledad Díaz García del FIT: “van a transformar a la provincia en un Gran Hermano para controlar a los ciudadanos mientras el Poder Ejecutivo no tiene control, es falso que plantea terminar con los problemas de seguridad”.
Luciana Echevarría del MST: “ninguno de los objetivos que plantea se va a lograr filmando a los vecinos, sino que se pone en peligro derechos esenciales de los ciudadanos porque eliminaron la palabra ‘confidencialidad’ del art. 5 de la ley 9.380”. “Habilitan a municipios a utilizarlas con fines recaudatorios que no están por encima de los derechos fundamentales como la confidencialidad”.
Para Alberto Ambrosio, de Córdoba Cambia: “la seguridad pública debe guardar la vida, la seguridad, y los bienes de acuerdo a las garantías constitucionales sin que exista discrecionalidad; pero éste no es el rumbo sino que tiene un fin recaudatorio con municipios que labrarán multas durante las 24 horas”.
Verónica Garade de Panetta, de la UCR: “por un fin recaudatorio ponen en riesgo garantías jurídicas en nuestro régimen democrático, como la privacidad y la intimidad”.
Por último, es importante destacar que la ley original, indica en su artículo 6º: NO se podrán utilizar videocámaras para tomar imágenes ni sonidos del interior de las viviendas, ni en recintos privados, fijos o móviles, -salvo autorización judicial- ni en los lugares establecidos en esta Ley cuando se afecte -de forma directa y grave- la intimidad y privacidad de las personas. Las imágenes y sonidos obtenidos accidentalmente en estos casos deberán ser destruidas inmediatamente por quien tenga la responsabilidad de su custodia.
Y su artículo 7º, establece que las imágenes y sonidos que se obtengan, conforme las previsiones de esta Ley, deberán ser conservadas por un plazo de sesenta (60) días corridos, que se computará a partir de la fecha de su captación, vencido el cual serán destruidas.
